Cristina Kirchner jubiló a 3.5 millones de personas que nunca habían aportado al sistema jubilatorio, lo que virtualmente ternimó de quebrarlo.
Como consecuencia de ello y del gran número de trabajadores no registrados -se calcula que está en estas condciones más de un tercio de la fuerza laboral del país- los gobiernos que la sucedieron comenzaron a operar sobre la forma en que se liquidan las nuevas jubilaciones y se ajustan, violando normas legales, para mantener así a flote el sistema.
En el primer caso, los afectados han iniciado acciones legales -hay 200.000 juicios iniciados- y en el segundo, en los ajustes se le dio más porcentaje de aumento a los que perciben la jubilación mínima, achatando la pirámide, lo que preaununcia una nueva ola de juicios.
El esquema se completó con pagos extraordinarios -bonos- a los que cobran la jubilación mínima, no sujeto a ningún descuento, y además, para mejorar la situación de esta enorme masa de jubilados -se clacula que el 75% percibe la jubilación mínima- se estableció un sistema de préstamos, que se extendió también a otros beneficiarios.
Desde el comienzo quedó claro que muchos deudores -jubilados y no jubilados- no iban a poder honrar su deuda, por lo que tomaron nuevos préstamos.
Para dimensionar el problema, se calcula que el número de prestatarios asciende 5.6 millones de personas.
La ANSES se comporta como una entidad financiera, pero no tiene las obligaciones de éstas, entre otras, la de informar sobre la mora de sus operaciones.
Primero se procedió a la prórroga del pago de las cuotas, y ahora, ante la insuficiencia de la medida, y en un muestra de la irresponsabilidad con que administra fondos que no son propios, sino de los aportamtes al sistema, dispuso la rebaja de la tasa de los préstamos y su congelamiento, en momentos en que aumenta la inflación, lo que implica aceptar que la mora debe ser preocupante. Ratificando esto, estableció, además, que los deudores no podrán tomar nuevos préstamos hasta que no cancelen los vigentes.
Se ha calcuada que tal medida representa una pérdida de pesos 8000 millones mensuales (aproximadamente 100 millones de dólares al tipo de cambio ofcial).
El plazo máximo de los préstamos llega a los 5 años.-
